La Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajo Guadalentín (COAG) ha manifestado su indignación porque, hace tres años el Ayuntamiento de Totana, reanudó el cobro del IBI rústico para las fincas del término municipal, que hacía varios años que no se cobraba, porque supuestamente se lo habían solicitado las organizaciones agrarias, con el fin de destinar su importe exclusiva e íntegramente a la creación de un servicio de guardería rural, que evitaría supuestamente los numerosos robos que se producen los últimos años en el campo de Totana.
Según la Unión de Agricultores, ese importe nunca se destinó íntegramente a ese cometido porque el esbozo de servicio de guardería rural ha tenido una composición, formación y aptitud insuficiente o cuando menos discutible, porque no ha tenido –cuando existía– el nivel de eficiencia mínimo exigible.
Según el Presidente de la U.A.G. (COAG), Isidoro Cayuela, "La Alcaldesa nos utilizó y nos engañó a las organizaciones agrarias –al menos a COAG– haciéndonos responsables ante los agricultores de que les cobrasen de nuevo el IBI rústico, que hacía muchos años que no pagaban, para destinar ese dinero recaudado en exclusiva a la creación de un servicio de guardería rural que evitase los robos".
Pero, según Isidoro Cayuela, "los robos se siguen cometiendo con cada vez mayor intensidad e impunidad, lo poco que había del ineficaz servicio de guardería rural ha desaparecido. Y el IBI rústico del 2013, se ha vuelto a pasar al cobro, incumpliéndose otra vez la promesa de la Alcaldesa de que el dinero recaudado se destinaría integra y exclusivamente a la creación de una guardería rural que nunca ha llegado a funcionar y que hoy es inexistente".
Según el Presidente de COAG, "los agricultores tenemos que soportar con impotencia que nos roben una y otra vez, que nos cobren el IBI y que incluso el pleno del Ayuntamiento apruebe una moción para "proteger" a los agricultores y a la agricultura, que no deja de ser un brindis al sol y que pretende prohibir o dificultar las edificaciones y viviendas de los agricultores en las zonas agrícolas, mientras se pretenden mantener los numerosos convenios y urbanizaciones que prevén construir miles de viviendas en el perímetro de regadío del Trasvase".
Finaliza asegurando Isidoro Cayuela que "Si esa es la forma de proteger la agricultura y los agricultores que tiene el Ayuntamiento y la Alcaldesa, es mejor que no cobren el IBI rústico y que, con lo que nos ahorramos los agricultores, podamos contratar un servicio de vigilancia o un seguro privado de robo, o, incluso hasta nos daría para contratar los servicios de asesores que nos defendieran de quien incumple sus promesas y supuestamente nos pretende "proteger".