El concejal del PP en Totana, Félix Cayuela, ha presentado una moción al pleno ordinario de julio en la que se propone mostrar el rechazo institucional del Ayuntamiento de Totana al proyecto de la nueva Ley de Servicios y Colegios Profesionales que promueve el Gobierno Central.
Además, se solicitar dar cuenta del presente acuerdo al Ministerio de Economía que ha promovido el texto del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales.
Para Cayuela, la nueva Ley de Servicios Profesionales que prepara el Gobierno central hará perder peso e independencia a estas instituciones si se aprueba la norma, que pretende reducir a menos de la mitad las colegiaciones que ahora son obligatorias; pasando de unos 80 a 38 aproximadamente.
Desde el Grupo Popular creemos que los colegios profesionales deben seguir dotados de una autonomía e independencia que permita la necesaria vinculación entre el profesional y su colegio.
La nueva Ley que prepara el Gobierno central sobre colegios profesionales, cuyo antecendete no es otro que la Ley "Omnibus" del 2009 -que modifica la Ley del año 1974 sobre colegios profesionales- que hace referencia a la mordernizacion y libre acceso a las actividades de servicios, acometiendo de esta manera una reforma estructural de este sector, la cual no compartimos.
Ésta pretende, entre otras cuestiones, reducir a menos de la mitad las colegiaciones que en la actualidad son obligatorias; además de eliminar la territorialidad de los mismos, bastando con inscribirse en un colegio de cualquier comunidad para el ejercicio en todo el país.
Los colegios profesionales, a los cuales este Grupo Municipal, se adhiere en sus pretensiones y reivindicaciones, rechazan estas medidas y exigen el mantenimiento del principio de colegiación obligatoria para el ejercicio profesional y su adscripción al colegio donde dicho profesional radique o tenga su domicilio fiscal único o principal.
Las reivindicaciones, entre otros asuntos, son la supresión de aquellas medidas que supongan una intervención de la administración excesiva e injustificada sin las debidas garantías jurídicas; y la supresión de las disposiciones que limiten la libertad organizativa de los colegios.
También piden el mantenimiento de la colegiación obligatoria y adscripción al colegio en donde tenga su domicilio; el establecimiento regulado de baremos orientativos de honorarios profesiones, etcétera.
Además, como criterios de nuestra argumentación, creemos que dicha reforma supondría una pérdida de algo tan sumamente importante para el ciudadano como es la pérdida de la seguridad jurídica poniendo en riesgo la pérdida del interés general así como derechos fundamentales de los mismos.
De igual forma, se pondría en riesgo el control y eficacia de los servicios, ya que los colegios a través de los convenios o encomiendas de gestión que tiene con la administración se consideran colaboradores de la misma, con sus regímenes disciplinarios y sus sanciones correspondientes.
Asimismo, la supresión de la colegiación obligatoria supondría igualmente una ausencia de un código deontológico o ético, la ausencia de una garantía patrimonial (seguros de responsabilidad patrimonial obligatorios para el colegiado como cobertura de sus clientes).
También se abre la vía para que cualquier individuo sin acreditar su debida cualificación pueda realizar determinados servicios con el consiguiente perjuicio para el ciudadano- intrusismo.
Y como cuestión fundamental, y soslayando todo lo anterior, la consecuencia ineludible de dicha reforma es la pérdida de puestos de trabajo no solamente la de los profesionales sino igualmente de sus trabajadores en sus despachos o colegios profesionales.
