Murcia, 5 jun (EFE).- El abogado José María Caballero, que ejerce la defensa del ex alcalde de Totana, Juan Morales, ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia en el que pide que sea la Sala de lo Civil y Penal la que entienda acerca de todo el expediente abierto por los casos "Totem" y "Morales".
El conocido como caso "Totem" por presuntos delitos de corrupción urbanística investigado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el citado municipio fue instruido por la titular del juzgado número Uno de Totana, Asunción Navarro.
En el mismo fueron investigados e imputados el diputado regional Morales, el actual alcalde de la localidad, José Martínez Andreo, que pasó dos meses en prisión, así como otra docena de personas, entre ellas varios empresarios, la primera mujer del diputado y su actual compañera sentimental.
La circunstancia de que Juan Morales sea aforado, por su condición de diputado electo de la Asamblea Regional, hizo que la jueza trasladara un informe, denominado "exposición razonada", sobre este imputado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, que ordenó la instrucción del caso al magistrado Julián Pérez Templado, de la Sala de lo Civil y Penal.
El abogado de Morales pide en su escrito que si el magistrado es el competente para este asunto que no se desglose el procedimiento entre "Totem" y "Morales", sino que se haga cargo de la totalidad del expediente.
La jueza de Totana debe dejar de conocer en este caso, dijo a Efe Jose María Caballero, quien señaló que la documentación facilitada por el TSJ a las partes tras levantarse el secreto sólo son dos tomos, mientras la inmensa mayoría de la información, testimonios y pruebas se encuentra en el juzgado de Totana.
Caballero anunció que la próxima semana presentará un segundo escrito ante el TSJ en el que solicitará la nulidad de todas las investigaciones ordenadas por la jueza de Totana sobre su defendido, tales como las intervenciones telefónicas o los registros en sus domicilios.
El diputado regional Morales, que desde que comenzó el caso no ha acudido a su trabajo en el parlamento regional, declaró el pasado mes de abril ante el magistrado de la citada Sala, quien decretó su libertad bajo fianza de 200.000 euros (unos 33 millones de pesetas) al no existir riesgo de fuga. EFE