El Pleno del Ayuntamiento de Totana ha aprobado hoy por unanimidad de los tres partidos políticos una moción de Alcaldía en la que se exige al Gobierno de la Nación que, al menos, 3.000 millones de euros del anunciado Plan de Inversión Local 2010, en el que se contemplan también 5.000 millones para inversión, sean destinados a financiar servicios públicos que los municipios prestan sin tener las competencias ni la financiación para ello.

Además, los corporativos también han solicitado con carácter inmediato, el inicio de la negociación de la nueva financiación local, más de 30 años esperada, con objeto de garantizar una financiación estable y suficiente para las corporaciones locales, de acuerdo con lo establecido en la Constitución española, articulando mediante Ley Estatal su participación en los ingresos del Estado (PIE) y en los de las comunidades autónomas (PICAS), de forma que entre en vigor el 1 de enero de 2010.

Tal y como el portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Valverde Reina, los ayuntamientos de la Región de Murcia, como en general todos los que integran el territorio nacional, están sufriendo las consecuencias de la grave crisis económica.

En este sentido, subrayado que “las dificultades financieras de los consistorios españoles, en general, y de los murcianos, en particular, se remontan treinta años atrás. De ahí, que se haya venido hablando de deuda histórica del Estado con los ayuntamientos, para referirse al gasto que, desde entonces, éstos han venido realizando para la prestación de servicios que no son de su competencia”.

Asimismo, Valverde Reina ha indicado que a pesar de que el Gobierno había aceptado que la reforma del modelo de financiación local y la financiación autonómica se iba a realizar de manera simultánea y vinculada, al final no ha sido así.

Por ello, tal y como subraya el portavoz del equipo de Gobierno, “creemos de justicia que una de las partes importantes que conforman el Estado, como somos los entes locales, no podrán quedar descolgados ni desprotegidos ante la grave crisis económica que se esta viviendo. Las consecuencias de la crisis van a suponer que los ayuntamientos ingresemos en transferencias del Estado, unos 3.000 millones de euros menos de lo que se recibió en el ejercicio presupuestario pasado”.