"La reciente aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local va a suponer, un desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales, uno de los pilares del Estado del Bienestar"

Si la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985 y la posterior aprobación del Plan Concertado en 1988 supusieron un avance en la potenciación y descentralización de los hasta entonces poco definidos Servicios Sociales en nuestro país, la nueva ley genera incertidumbre y preocupación social, cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, "la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social", según informan desde IU-verdes en un comunicado.

¿Qué significa esto?

• Que no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una competencia que puedan gestionar los ayuntamientos, ignorando cómo se han configurado los servicios sociales en España durante los últimos 30 años,
• No se reconoce el importante papel que prácticamente todas las leyes autonómicas de Servicios Sociales conceden a los ayuntamientos en la gestión de los servicios sociales
• Se resta un margen de maniobra importante a los ayuntamientos en el ámbito de la promoción social, entendida no sólo como una atención individual, sino como una función de planificación social que mejore la calidad de la población, especialmente de los sectores más desfavorecidos.

"Consideramos que es necesaria la transformación de los Servicios Sociales en España tras casi treinta años de desarrollo, y en este sentido, partiendo de la experiencia acumulada en de estos años, se trataría de proponer mejoras que proponemos es la elaboración de una Ley Marco de Servicios Sociales que integre una cartera de servicios básicos de atención social amplia para todo el conjunto del estado", añade el comunicado.

Los Servicios Sociales, atienden al bienestar social de la población más desfavorecidas: personas en situación de necesidad social, familias en situación de conflicto, personas con discapacidad, personas mayores, etc. no deben ser el sector donde se recorte, como manifiesta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España:

"Es imposible llevar a cabo el ahorro que se proponía en el Programa de Reformas de España si una buena parte de los servicios prestados por las Entidades Locales que deben suprimirse por considerarse competencias "impropias", tuvieran que ser prestados directamente por las CC.AA., trasladando así el gasto a otra administración.

"Considerando el tipo de servicios, la fragilidad de las personas atendidas por los Ayuntamientos y la complejidad administrativa y dispersión de modelos por CC.AA., los planteamientos de ahorro propuestos en la Reforma son socialmente inaceptables y financieramente imposibles de acometer", destacan desde IU-Verdes Totana.