La responsable de comunicación del TUP ha mostrado su incredulidad ante "la pasiva actitud de los responsables municipales con respecto al documento del Plan General" y se ha preguntado si "acaso tienen que salir más informaciones en prensa regional para que haya un pronunciamiento claro sobre renunciar a un planeamiento lleno de irregularidades y plagado de corrupción".
Y es que, según recogen medios regionales de ayer mismo, "la sentencia del Supremo del pasado julio que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Puerto Lumbreras puede llevarse por delante los convenios urbanísticos firmados con las promotoras por todos los municipios de la Región que consiguieron el visto bueno de la Comunidad apuntándose al agua de Escombreras, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura les negaba los caudales que reclamaban para abastecer a las urbanizaciones en proyecto. El Supremo concluye que, pese a los certificados del Ente Público que garantizaban el suministro futuro, la planificación urbanística exige un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) establecido en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, que se ha omitido en decenas de convenios urbanísticos. A la vista de la sentencia, el abogado Diego de Ramón ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía".
Según precisa la exedil, "durante años, los responsables de IU y PSOE en Totana han afirmado que éste ha sido un Plan General concebido por el PP, sin embargo son estos mismos dirigentes los que en la actualidad lo han silenciado. Parece que han olvidado que ha sido ése y no otro el origen de la corrupción por lo que callar sobre esto induce a pensar que hay alguna hipoteca de los actuales gobernantes”.
“Que este Plan General era un cúmulo de irregularidades, ha quedado claro para el conjunto de los vecinos, está en la mente de todos, y que está lleno de intereses mezclados entre lo público y lo privado, tampoco es un secreto para nadie”, añade Muñiz.
“Pero también, y atendiendo a la veracidad de las informaciones aparecidas en los últimos días ante fiscalía, podemos deducir que el Plan General no fue una ocurrencia del exalcalde Juan Morales, sino que obedecía a una estrategia en un momento en que el urbanismo parecía manar produciendo pingües beneficios no solo a los políticos del momento sino al Partido que representaban”, asegura.
“Como se ha insistido por parte de esta exconcejal en diferentes Plenos, es obvio que los convenios fueron el germen de todas esas irregularidades y corruptelas al ser instrumentos generadores de dinero fácil que llegaba a los Ayuntamientos, sorteando la legalidad, como por ejemplo la Ley Nacional de Aguas, con la argucia del Ente Público del Agua, y la panacea de la desalinizadora de Escombreras, trampa y engaño como irá quedando al descubierto si continúan las actuaciones judiciales abiertas al respecto”.
Para Muñiz “no sería de extrañar que esas mismas tramas salpiquen al Plan General de Totana, que, al igual que los entonces veintidós municipios del PP murciano, a espaldas de los intereses generales, vió la ocasión de hacer el agosto”.
La responsable de comunicación del TUP concluye planteando que “una vez que se ha invertido el gobierno en muchos de ellos, como en Totana, es hora de que veamos respuestas a las promesas realizadas durante años y en tiempo electoral. Cabe recordar la mesa redonda celebrada en la sede de la Cebag con la participación de cuatro de las fuerzas políticas que concurrían a las mismas, donde se reiteró una y otra vez que el Plan General sería retirado”.
“Si ahora se impone el silencio habrá que preguntarse cuál es la posición de los socios de gobierno totanero y del representante de Ciudadanos”, apostilla.