El Ayuntamiento de Totana quiere que los partidos políticos que concurran a las próximas elecciones municipales en este municipio no puedan incluir en sus listas a ningún candidato a concejal que este imputado por cargos que tengan que ver con la corrupción política.

Así lo acordó el pleno en la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, aprobando con los votos a favor del PSOE y C´s-Partido de la Ciudadadanía y la abstención de Ganar Totana-IU y el PP; una moción del Grupo Municipal Socialista.

En la propuesta también se advierte la necesidad de que las cuentas municipales sean auditadas por un órgano independiente al inicio y al final de cada legislatura de manera que permitan al ciudadano conocer fehacientemente la gestión económica del gobierno municipal en esa legislatura.

La moción recoge, asimismo, modificar el Reglamento de Participación Ciudadana. Con la finalidad de que el referéndum o consulta a iniciativa de los vecinos pueda llevarse a cabo con quinientas firmas, así como fijar anualmente un debate público sobre el Estado de la Localidad con la finalidad de facilitar la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Además, se aprobó cumplir con los 80 indicadores que establece “Transparencia Internacional” como condición necesaria para serlo. Y solicitarle a esta organización no gubernamental que en el plazo máximo de dos años examine a este Ayuntamiento. De igual modo, se incluye la adhesión del Ayuntamiento de Totana al Código de Buen Gobierno Local, que recoge los principios de transparencia y ética pública, junto con medidas para mejorar la gestión y calidad de democracia local.

Los corporativos aprobaron, de igual manera, instar al Gobierno de la Nación a eliminar el aforamiento de políticos en caso de investigaciones judiciales por delitos relacionados con la corrupción, delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública y/o delitos de fraude de subvenciones/ayudas públicas.

Además, se exige extender el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado, a los de las Administraciones locales y Autonómicas donde no exista un régimen equivalente.

La Corporación municipal aboga por la regulación de los conflictos de intereses para evitar lo que se conoce como “puertas giratorias” con incompatibilidad en los años anteriores y posteriores al desempeño del cargo por un periodo de cinco años.

Por último, se exige la extensión del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la Ley de Financiación de Partidos Políticos y del sistema de control financiero de los partidos políticos a las fundaciones y empresas vinculadas a los mismos.