El próximo 8 de abril, personal técnico y Concejales de varios  Ayuntamientos de la Región, personas de las entidades sociales y de la sociedad civil y Diputados de la Asamblea Regional, debatirán en Totana sobre el reconocimiento del derecho humano al agua y sobre cómo evitar los cortes del suministro de agua a las personas más vulnerables.

Con el título “Derecho Humano al Agua ¿Utopia o Realidad?”, EAPN-RM ha organizado esta jornada teniendo como colaboradores al Ayuntamiento de Totana y a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

La jornada contará con la presencia de  D. Rafael del Castillo Gomariz, Delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad, Mayores y Oficina en Defensa de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba, que expondrá una de las fórmulas de aplicación del derecho humano al agua, el mínimo vital que cada persona requiere consumir para atender sus necesidades básicas, no interrumpiendo el suministro de agua aunque la persona suministrada no pueda hacer frente al pago; en el caso de Córdoba, 3 m3 de agua por persona y mes a todos los usuarios del servicio de aguas, que se encuentren en situación de exclusión social.

El abastecimiento y saneamiento del agua es un servicio básico de primera necesidad que debe ser satisfecho por los poderes públicos para garantizar una calidad de vida digna a toda la ciudadanía, con independencia de su capacidad económica. El derecho humano al agua, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, tiene como fin garantizar a cada ser humano una cantidad de agua suficiente (en un país como España,  el volumen oscila entre los 60-100 litros por habitante/día),  saludable (de buena calidad), aceptable, físicamente accesible, y económicamente asequible (tarifas sociales, gratuidad, fuente pública. En el fundamento de este derecho subyace la idea de que nadie puede ser privado de la cantidad de agua suficiente e indispensable para desarrollar una vida digna aunque no disponga de medios económicos para pagarla, y son los Ayuntamientos los que están obligados a  garantizar el acceso al agua potable a toda la  ciudadanía sin discriminación.