El PP planteaba de manera urgente en comisión llevar a pleno instar al Gobierno de la Nación a que impulse las reformas legales oportunas para combatir de manera ágil y efectiva la okupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y la convivencia social, lo que decayó con los votos en contra de PSOE y abstención de Izquierda Unida-Ganar Totana

La izquierda totanera se manifiesta en contra de llevar a pleno una moción para combatir de manera ágil y efectiva la okupación ilegal de viviendas.

El PP planteaba de manera urgente en comisiones, llevar una moción en la que se instaba al Gobierrno Nacional a que impulse las reformas legales oportunas para combatir de manera ágil y efectiva la okupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y la convivencia social.

Esta moción no se verá en pleno gracias al voto en contra del PSOE totanero, y la abstención del Equipo de Gobierno, lo que evidencia una apuesta de estos partidos por la defensa de tales prácticas.

Desde el Partido Popular consideramos que solo hay democracia, si las Administraciones garantizan la propiedad privada: su adquisición y pertenencia, así como su recuperación cuando se ha sido privada de ella de forma ilícita. No hacerlo significaría dar carta blanca a un tipo de delincuencia colectiva que, si cunde el modelo, puede expandirse a otros ámbitos.

La okupación de una vivienda por alguien que no es su legítimo propietario, no es en ningún caso un derecho, es sencillamente un quebrantamiento de la Ley que un Estado de Derecho debe perseguir y al que hay que dar soluciones jurídicas ágiles, reales y efectivas.

Desgraciadamente, hoy es cada vez más frecuente ver como la tenencia de un hogar es atacada y violentada, aprovechando las demoras que impone cierta burocracia ante la condescendencia de determinadas opciones políticas, incluso miembros de algunos gobiernos.

Bajo el falso pretexto de garantizar un techo a familias en situación de vulnerabilidad, han proliferado en los últimos años personas y grupos que han utilizado las rendijas de nuestro ordenamiento jurídico para arrebatar el hogar a sus legítimos propietarios, que en muchos casos son coaccionadas y amenazadas, viéndose impotentes ante auténticos expertos en la okupación. Esta indeseable situación se extiende a comunidades de vecinos, incluso barrios completos, que se degradan a gran velocidad como efecto colateral de este tipo de delincuentes.

Según el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, la okupación ilegal de inmuebles aumentó en la Región de Murcia cerca de un 20 por ciento en lo que llevamos de año hasta alcanzar los 176 casos, frente a los 147 del año 2019.

Los datos son elocuentes: la gran mayoría de estos fenómenos son perpetrados por mafias y grupos organizados que han hecho de la okupación un lucrativo negocio donde los bienes allanados y usurpados son revendidos o que los utilizan para cometer delitos graves. La seguridad ciudadana se ve deteriorada y la convivencia hasta ahora modélica se resiente en muchos lugares ante este alarmante fenómeno.

Ante la magnitud de este problema, el Gobierno regional, ha puesto en marcha una batería de medidas encaminadas a la okupación en nuestro territorio en defensa de la libertad y de la propiedad.

Manifestamos nuestro oposición a la realización de estas prácticas ilegales de okupación y por tanto pretendíamos solicitar al Gobierno Nacional que se impulsen las reformas legales necesarias y oportunas con el fin de combatir de manera ágil y efectiva la okupación ilegal de viviendas en nuestro municipio y garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social.

Vemos como la izquierda totanera no aboga por plantear este tipo de cuestiones, no sabemos que postura tomarían en caso de que la propiedad okupada fuera la suya.

"Es triste que hayamos llegado a un punto en la sociedad actual que tengamos que defender lo que es legítimamente propiedad de uno".