Se propone un Pacto de Estado con medidas legislativas específicas para prevenir y penalizar como delitos las actividades que conforman la amenaza yihaidista en España
El Grupo Municipal Popular ha presentado una moción al pleno de enero en la que se propone manifestar el apoyo institucional y solidaridad del Ayuntamiento de Totana a las instituciones democráticas de Francia, tanto periodísticas como cuerpos y fuerzas policiales y a la comunidad judía, tras los atentados terroristas sufridos en París a principios de enero de 2015.
En la moción también se propone mostrar el reconocimiento a las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo como máximos garantes de nuestras libertades y derechos fundamentales constitucionales.
La propuesta del Grupo Popular también insta a solicitar la unidad parlamentaria que permita acordar una proposición de Ley Orgánica que contemple medidas legislativas específicas para prevenir y penalizar como delitos las actividades que conforman la amenaza yihaidista en España.
El pasado día 7 de enero Francia vivió el más mortal acto de terrorismo de las últimas décadas con el atentando contra el semanario satírico "Charlie Hebdo" (el cual había atraído la atención mundial por sus representaciones regulares del profeta islámico Mahoma), en el que dos hombres enmascarados y armados entraron en la redacción causando la muerte de doce personas, entre editores, empleados y personal de seguridad, y otras once resultaron heridas; lo que originó una gran conmoción internacional en todo Occidente y sobre todo en los países democráticos.
Se han comprometido mayores esfuerzos de coordinación entre los distintos países de la comunidad internacional occidental, como la revisión de los acuerdos Schengen sobre el tránsito de ciudadanos de la UE y la introducción de cambios legislativos para luchar contra el terrorismo yihaidista.
Se ha abierto el debate en las instituciones europeas y los gobiernos democráticos occidentales sobre el registro de viajeros y el pretendido control de páginas web supuestamente adscritas al yihaidismo.
Los asesinatos de París, que han merecido la condena unánime de las sociedades democráticas, deben evitar agudizar los prejuicios hacia los europeos musulmanes y hacia el Islam en general, alimentando sensaciones reales o sobreactuadas de exclusión y ahondamiento del divorcio entre Occidente y el mundo árabe.
España es un país con una honda trayectoria histórica en la lucha terrorista en la defensa de los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución de 1978, y conoce de primera mano lo que es la defensa de los resortes policiales y judiciales de lucha contra el terrorismo.
El Estado de Derecho debe velar para que ninguna creencia solape prácticas contrarias a los derechos y libertades fundamentales. La razón democrática se basa en la reivindicación universal de los derechos humanos, sin que ni las tradiciones ni las confesiones puedan vulnerar su validez y vigencia. No hay contexto geográfico, identitario o religioso que pueda justificar la violencia ni el terrorismo.
Es imprescindible que las instituciones europeas, los gobiernos de cada país y sus distintas administraciones acierten en depurar su intervención de toda connotación prejuiciosa, y que los líderes del Islam europeo hagan lo propio asumiendo que la vivencia de su fe está sujeta a la convivencia universal.
La amenaza terrorista yihaidista en Europa reclama el máximo consenso político y la máxima prudencia constitucional, en el caso de España, para actualiza la legislación vigente, pero la solvencia unitaria y jurídica que reclama este nuevo escenario internacional se hace necesaria ante este nuevo desafío de la civilización.
El compromiso alcanzado en España entre el Gobierno del PP y el PSOE, mediante un gran Pacto de Estado, para acordar una proposición de ley orgánica que contemple medidas legislativas específicas para prevenir y penalizar como delitos las actividades que conforman la amenaza yihaidista debe responder al reto de la unidad y la cohesión del arco parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Se trata de consensuar modificaciones legales que ofrezcan la máxima eficiencia en materia de seguridad con el menor coste para el ejercicio de las libertades individuales.
