"Las nefastas políticas de todos los gobiernos nacionales sobre el agua, por puros intereses políticos, tienen sumida a la Región de Murcia y a sus agricultores en una situación de continua supervivencia, abandono y penurias. Cuando en España el agua sobra pero está mal distribuida. Y ahora, pretenden que se pague una "tarifa plana" llegue o no agua del trasvase."
El PP presentó al pleno de Septiembre una moción para que no se aplicaran las tarifas de agua hasta que no hubiese trasvases. Manifesté que esta moción sería innecesaria si la intención del Gobierno de la nación no fuese la de variar la forma de pago de las tarifas. Pero del debate, se dedujo que la moción del PP no reflejaba la "maniobra" que oculta el último decreto de sequía. ¿Cuándo se acabe este decreto de sequía que va a pasar con las tarifas?. Porque hasta ahora, sino le venía agua al agricultor, las tarifas no las pagaba.
El en Real Decreto-ley 10/2017 de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Lo que no se dice es que camufla un nuevo sistema de cálculo claramente recaudatorio que castiga las economías de los agricultores del sureste español. Cambiando el criterio interpretativo dado hasta ahora desde la entrada en vigor de la ley 52/1980 de ese año que regulaba del régimen económico de la explotación del acueducto. Es por esto que el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha recurrido por la vía contencioso-administrativa la reforma tarifaria del Gobierno central por el uso de ese trasvase que los obligará a pagar 12 millones de euros reciban o no agua por ese canal. Es decir, las comunidades de regantes abonarán cantidades fijas de dinero, se trasvase agua o no.
Se toma un modelo de “tarifa plana” similar a la de otros tipos de suministros, como el de la energía eléctrica, telefonía, etc…, pero con la “ligera salvedad”, de que en este caso la posibilidad de consumir NO está siempre garantizada. Los agricultores quieren agua y pagar, por ese orden. Lo que resulta insostenible, por no decir un atraco a mano armada, es el establecer una tarifa para 421 hectómetros cúbicos sin que se trasvasen un solo metro cúbico a sus tierras. A la extremada sequía y sus efectos y el tener que asumir aguas desalinizadas con costes desorbitados a día de hoy, con respecto al resto de regantes del país. Ahora los agricultores van a tener que pagar por algo que no recibirán si este Real Decreto-ley 10/2017 de 9 de junio no se detiene en los tribunales.
Además, este decreto de sequía, que pretendía eximir del pago parcial del agua consumida este año, queda en suspenso, puesto que la Confederación Hidrográfica del Segura no lo aplica al interpretar que está supeditado a la llegada de caudales que sumen o no la mitad o menos de las dotaciones totales normales de los agricultores. Queda patente que este decreto último de sequía, se ha utilizado por el Gobierno de la nación como un instrumento de maquillaje para cambiar el criterio de aplicación de las tarifas de aguas trasvasadas.
La moción del PP no atendía a la verdadera problemática que se avecina en relación a las tarifas que los agricultores pagan por el trasvase Tajo-Seguro. La Región de Murcia no existe para los políticos nacionales, la prueba es su política sobre el agua y la dejadez de todos los gobiernos en buscar una solución definitiva a este gran problema. Los intereses de los partidos y los votos, siempre han primado y nada parece hacer pensar que esto vaya a cambiar.
